Una solicitud que ya se realizó hace varias semanas por parte del Consistorio, junto al aumento de las frecuencias y la puesta en marcha de una campaña informativa sobre las rutas establecidas por este servicio especial (SE).
- Javier Corpa: “Seguimos recibiendo quejas de vecinos/as con respecto a los autobuses que realizan el trayecto de la Línea 7B de Metro y, por tanto, desde el Consistorio continuamos exigiendo la total adecuación de todos los vehículos, sobre todo, cuando esta línea se utiliza por pacientes que acuden al Hospital del Henares y cuentan con movilidad reducida”.
El Ayuntamiento de San Fernando de Henares vuelve a reclamar, una vez más, al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, que todos los autobuses que realizan el trayecto de la Línea 7B de Metro, cerrada desde el pasado 27 de julio, se adapten a personas con movilidad reducida.
Hay que recordar que el pasado 29 de julio, el alcalde, Javier Corpa; y su homólogo cosladeño, Ángel Viveros; remitieron una carta al Consorcio Regional de Transportes, organismo dependiente de la Comunidad de Madrid, con este y otros reclamos, tales como el aumento de las frecuencias de los autobuses y una campaña informativa más extensa y pormenorizada dirigida a la ciudadanía y, especialmente, al colectivo de mayores, donde se explicase, con claridad, las rutas establecidas y los horarios establecidos; así como la revisión de los sistemas de climatización. De todos estos asuntos se habían recibido quejas vecinales.
Tal y como ha señalado el alcalde, Javier Corpa, “seguimos recibiendo quejas de vecinos/as con respecto a los autobuses que realizan el trayecto de la Línea 7B de Metro y, por tanto, continuamos reclamando la adecuación total de todos los vehículos, que es muy importante, máxime cuando esta línea se utiliza por pacientes que acuden al Hospital del Henares a sus consultas y/o pruebas, y cuentan con movilidad reducida”.
Hay que subrayar que la Línea 7B de Metro abrió sus puertas en 2007 y, solo un año después, comenzaron los cierres. La Comunidad de Madrid es la única administración responsable de esta situación, con el derribo, hasta el momento, de 41 viviendas. Otros 14 inmuebles están siendo demolidos, y 18 más, próximamente; además de desalojos y vecinos/as que conviven con afecciones. El municipio ha perdido dotaciones públicas como la Escuela Oficial de Idiomas, la Casa de la Mujer, un Centro de Juventud o una Sala de Exposiciones que era un referente; además del traslado de otras prestaciones.